¿Por qué necesitamos traducir el POT?

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es, según el Ministerio de Vivienda, “el pacto social de una población con su territorio”. Define cómo se usa el suelo, dónde se puede construir, cómo se protegen las zonas de riesgo y qué espacios son de todos.

El problema es que ese pacto casi nunca llega a quien debería usarlo. Está escrito en un lenguaje técnico y legal, dentro de documentos extensos en PDF, pensados para especialistas y no para ciudadanos ni, muchas veces, para los propios funcionarios que deben aplicarlo.

En Roldanillo (Valle del Cauca), un diagnóstico participativo con 40 ciudadanos y 23 funcionarios municipales confirmó este vacío: la mayoría reconoce que el ordenamiento territorial afecta su vida diaria (la movilidad, la vivienda, el acceso a servicios, las zonas de riesgo), pero no logra conectar esa experiencia cotidiana con la Ley 388 de 1997 que la regula. Incluso funcionarios con menos de seis meses en su cargo reportaron desconocer aspectos clave de la norma que deben aplicar.

No es un problema de interés. Es un problema de traducción.